Prohibir la venta de refrescos en Oaxaca seguramente colapsará a muchos de los pequeños comercios, que han han podido mantenerse con la pandemia por Covid-19.
Cabe destacar que Oaxaca será el primer estado en prohibir distribuir, regalar o promocionar refrescos y «comida chatarra» a menores de edad.
70 por ciento del inventario de una tienda de barrio promedio se compone de alimentos empacados o embotellados; y una disminución en la venta de estos, pondría más presión a las precarias ventas que ya padecen estos tradicionales comercios debido a la crisis que se vive en este momento.
Aunque la iniciativa de Morena busca atender la “epidemia de obesidad” que vive la infancia en México, se han generado reacciones divididas entre representantes del sector salud y la industria privada
Esta preocupación surge después de que el Congreso local aprobara una iniciativa de la diputada Magaly López que prohíbe la distribución, venta, regalo y suministro de productos de alto contenido calórico; y castigar hasta con 6 años de cárcel a quien lo haga.
La adhesión del Artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe la venta directa a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico.
La diputada morenista Magaly López Domínguez destacó que con la reforma, serán los padres de familia quienes decidan si sus hijos deben consumir estos productos, y aseguró que la medida es similar a la prohibición de vender cigarros y alcohol a menores de edad.
Respecto a las críticas de sectores empresariales, sobre que lacera la economía oaxaqueña ya lastimada por la pandemia, la diputada rechazó que sea una medida punitiva y acusó que los empresarios han mal informado a los pequeños comerciantes.
Previo a la sesión, comerciantes se manifestaron en contra y pidieron que no fuera aprobara la iniciativa, pues consideran que afecta a sus ventas y pone en riesgo la viabilidad de sus negocios y la conservación de empleos.
En contraste, la propuesta fue respaldada por organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y otras 73 organizaciones nacionales y estataless♦
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