Destapan presunta red millonaria de factureras ligada al Partido del Trabajo en Quintana Roo

Reforma revela nombres, empresas fantasma, prestanombres y hasta robo de identidades.

De acuerdo con un reportaje publicado por Reforma este lunes 30 de marzo de 2026, una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que se captaron más de 252 millones de pesos con falsas facturas, a través de una presunta red de empresas fantasma vinculada a personajes ligados al Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo.

El nombre central que aparece en la publicación es el de César Adrián Gamboa Montejo, a quien el diario identifica como exresponsable de finanzas del PT en Quintana Roo. Según el reportaje, él habría creado una extensa red de empresas factureras para recibir millones de pesos por contratos del sector público y triangular recursos mediante operaciones presuntamente simuladas. Reforma sostiene que, tan solo en el Registro Público de Comercio, se encontraron 20 empresas vinculadas a Quintana Roo en las cuales 12 ya habían sido incluidas en el listado oficial de “factureras” del SAT, por simular operaciones para evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos.

El reportaje también menciona que en una entrevista concedida en 2024, cuando la MCCI inició sus investigaciones, Gamboa Montejo reconoció que fue militante del PT y asumió que su papel en el partido fue como responsable de finanzas, aunque dijo haberse separado en 2022, año en que Mara Lezama obtuvo la gubernatura de Quintana Roo abanderada por la coalición Morena-PT-Partido Verde. Es importante subrayar que en la imagen compartida no aparece ninguna declaración de la gobernadora Mara Lezama, sino únicamente su nombre en el contexto político de ese periodo.

– Pero lo más delicado del caso no solo es el presunto uso de empresas fantasma, sino la denuncia de que hubo ciudadanos utilizados como prestanombres, varios de ellos de origen humilde e incluso, según la nota, personas a las que les habrían robado la identidad para colocarlas como socios, apoderados o administradores de sociedades mercantiles.

Entre los nombres señalados por Reforma aparecen también Anastacio Zum Uc y José Alfredo Tuz Poot, quienes, según la publicación, fueron empleados de un notario y terminaron figurando como socios o liquidadores de empresas factureras. El texto añade que ambos habrían trabajado como choferes o en labores menores y que fueron utilizados dentro de este entramado mercantil sin dimensionar, presuntamente, el alcance del esquema.

Asimismo, el diario menciona al notario público número 74, Jorge Alberto Galván García, con oficina en Cancún, a quien presenta como una figura clave porque en documentos oficiales aparece certificando la constitución de varias de esas empresas. Reforma recuerda que este personaje ya había sido antes señalado por participar en otras sociedades vinculadas con operaciones dudosas.

Otro nombre que aparece es el de Sergio Services, empresa relacionada en el reportaje con Mario Carrión Berto, así como con Julio Belda Martínez, quienes también figuran en la estructura de compañías señaladas. La investigación periodística expone además que varias personas que aparecieron como socios o empresarios vivían en colonias populares y no tenían el perfil económico que correspondiera con las millonarias operaciones reflejadas en papel.

– Aquí es donde estalla la indignación social: mientras miles de familias viven al día, hay reportes de una presunta maquinaria de corrupción donde se habrían usado nombres de ciudadanos comunes, firmas notariales, empresas de papel y contratos públicos para mover cantidades multimillonarias. No se trata de un error administrativo menor. Si lo documentado se confirma plenamente, estaríamos frente a una estructura montada para simular servicios, desaparecer recursos y encubrir el saqueo con documentos aparentemente legales.

Reforma menciona además que la red habría recibido pagos de instituciones como la Secretaría de Salud, la hoy Financiera para el Bienestar, el Instituto Nacional Electoral, y otras dependencias y organismos, lo que vuelve el caso todavía más grave. La sospecha no solo alcanza a quienes crearon o operaron las empresas, sino a todo el circuito que permitió que estas compañías obtuvieran contratos, emitieran facturas y movieran dinero sin encender alertas inmediatas.

– En otras palabras:
el escándalo no solo golpea al PT de Quintana Roo, sino que revive una de las peores heridas del país: el uso del poder político para montar redes de facturación falsa mientras el dinero público desaparece.

Y la pregunta que hoy se hace mucha gente es brutal:
¿quién protegió esta red?, ¿quién autorizó los pagos?, ¿quién revisó los contratos?, ¿y quién responderá por los ciudadanos pobres cuya identidad terminó, presuntamente, convertida en instrumento de fraude?

Porque cuando en una misma historia aparecen partidos políticos, operadores financieros, notarios, empresas fantasma, millones de pesos y robo de identidades, ya no estamos ante una simple nota roja de corrupción: estamos ante un retrato feroz de cómo pueden torcerse las instituciones desde adentro.

– Según Reforma, los nombres clave mencionados en esta trama son:
César Adrián Gamboa Montejo, Anastacio Zum Uc, José Alfredo Tuz Poot, Jorge Alberto Galván García, Mario Carrión Berto y Julio Belda Martínez.

– Si todo esto llega al fondo, no será solamente un escándalo mediático.
Será una prueba de fuego para la justicia mexicana.