Ricardo Rubio impulsa reforma para fortalecer al Ministerio Público, establecer plazos máximos en investigaciones y crear evaluación ciudadana de la Policía de Investigación
El Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer las funciones del Ministerio Público, establecer plazos máximos para la investigación de los delitos y crear mecanismos de evaluación ciudadana del desempeño de la Policía de Investigación.
La propuesta busca transformar de manera estructural la procuración de justicia en la capital, al introducir reglas claras de conducción, temporalidad razonable en las investigaciones y mecanismos efectivos de rendición de cuentas, con el fin de garantizar investigaciones oportunas, eficaces y con resultados verificables en beneficio de víctimas, personas investigadas y la ciudadanía en general .
Durante la presentación, el legislador señaló que uno de los principales problemas del sistema de justicia penal no radica en la falta de facultades, sino en la ausencia de reglas operativas claras que aseguren su ejercicio eficaz. Destacó que actualmente existen carpetas de investigación que se prolongan durante años sin determinación, lo que genera incertidumbre jurídica, rezago institucional y una profunda desconfianza ciudadana.
Rubio Torres explicó que el Ministerio Público es el eje rector del sistema de investigación penal, pero que su funcionamiento requiere no sólo atribuciones, sino también deberes concretos de actuación, como la planeación inicial de las investigaciones, la revisión periódica de carpetas, la justificación de la inactividad y la determinación oportuna de los asuntos.
En ese sentido, la iniciativa establece un modelo de gestión más exigente que busca superar prácticas inerciales y desarticuladas, dotando al Ministerio Público de herramientas normativas que aseguren continuidad, seguimiento estratégico y control del rezago en la integración de carpetas de investigación.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación de plazos máximos institucionales para la investigación de los delitos, como una medida de gestión interna que permita evitar investigaciones indefinidas, combatir la dilación injustificada y garantizar la debida diligencia. El legislador subrayó que esta medida no invade el ámbito del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que fortalece la organización interna de la Fiscalía dentro de sus competencias .
Asimismo, se prevé un sistema integral de temporalidad que incluye revisiones obligatorias, plazos de determinación según la complejidad del asunto, mecanismos de prórroga debidamente fundados y alertas institucionales, con el objetivo de erradicar la normalización de la demora en las investigaciones .
En materia de rendición de cuentas, la iniciativa introduce mecanismos de evaluación ciudadana del desempeño de la Policía de Investigación, diseñados como instrumentos formales, metodológicos y periódicos que permitirán incorporar la experiencia de las personas usuarias del sistema en la mejora del servicio público.
Rubio Torres destacó que esta evaluación no tiene un carácter punitivo ni sustituye los procedimientos disciplinarios, sino que busca generar información útil para fortalecer la profesionalización, corregir prácticas institucionales y elevar los estándares de actuación en la investigación de los delitos.
El diputado enfatizó que la propuesta responde a una visión moderna de procuración de justicia, en la que la eficacia institucional, la transparencia y el respeto a los derechos humanos son elementos inseparables. En particular, resaltó que la reforma incorpora una perspectiva de género, reconociendo que la demora en las investigaciones afecta de manera diferenciada a mujeres víctimas de violencia, pudiendo traducirse en pérdida de pruebas, revictimización y mayores riesgos para su integridad .
“La legitimidad de una Fiscalía no se agota en su autonomía constitucional; se construye con resultados, con eficacia y con confianza ciudadana”, afirmó.
Finalmente, Rubio Torres subrayó que esta iniciativa representa una reforma estructural orientada a cerrar brechas institucionales, reducir la impunidad y fortalecer el Estado de derecho en la Ciudad de México.
“La justicia no se agota en abrir carpetas de investigación, sino en resolverlas con oportunidad, legalidad y responsabilidad. Una investigación sin plazos, sin control y sin evaluación es una investigación que puede fallarle a la ciudadanía. Por eso, esta reforma busca que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad”, concluyó.
