*A nombre del gremio periodístico el GPPRD presentó la “Ley para el reconocimiento y la protección de los periodistas del Estado de México”*

*Posicionamiento:*

Compañeras y compañeros diputados, antes de comenzar hago de su conocimiento que desafortunadamente falleció Francisco Cruz Velázquez. “Panchito” como se le conocía en el gremio periodístico, fue un fotoperiodista de Toluca que por más de tres décadas ejerció su labor y aportó a nuestra sociedad miles de fotografías noticiosas.

Francisco Cruz caminó estos pasillos por varias décadas y plasmó en su cámara a los que estamos de paso en este recinto legislativo. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) pido un minuto de silencio en su memoria.

*MINUTO DE SILENCIO*

Me trae a la más alta tribuna parlamentaria del Estado de México una causa que atañe al gremio periodístico, los diputados del PRD retoman de forma íntegra un documento que nos turnaron y hoy presentamos a este Congreso local.

Un Colectivo de Periodistas del Estado de México solicitó a esta bancada hacer eco de una iniciativa que vienen trabajando desde hace más de cinco años, sabemos que esta propuesta, como todo en materia legislativa, puede perfeccionarse y adecuar porque no goza del beneplácito de todo el sector periodístico, estoy seguro que esta propuesta se sumará al debate y reflexión sobre el contenido de la misma.

Otorgar un marco jurídico de protección al periodismo mexiquense es garantizar que las voces críticas nunca serán calladas, así como el pleno ejercicio de la libertad de expresión que en una sociedad democrática es fundamental.

Su servidor Omar Ortega Álvarez, Diputada Araceli Casasola Salazar y Diputada Claudia González Cerón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para el Reconocimiento y la Protección de los Periodistas del Estado de México, al tenor de la siguiente:

Hoy el periodismo representa una de las profesiones más importante en el mundo moderno, pero también, una de las más vulneradas y peligrosas.

A propósito de ello, según Reporteros Sin Fronteras (RFS), Organización Internacional que, entre otras cosas, evalúa cada año la situación del periodismo en diversos países, en su informe “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2020” posiciona a México como una de las naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, en donde se le otorga el lugar 143 de 180 países analizados y, además,

una puntuación de 45.5 en donde 0 representa la mejor nota y 100 la peor.

Actualmente se reconoce el derecho a la información como un derecho fundamental.

Asimismo, a nivel Nacional, nuestra Carta Magna en el artículo 6° establece que:

“El derecho a la información será garantizado por el Estado”, ello como una extensión a la libertad de expresión.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que la libertad de expresión posee dos dimensiones “(…)  el derecho a la información es reconocido como un derecho humano fundamental, que requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

En contraste a ello, la Organización Internacional “Artículo 19” reportó que diez informadores fueron asesinados en México durante 2019, siendo este el año en el que se registraron más ataques contra comunicadores en la última década. Asimismo, señala que 2009, con Felipe Calderón en el Gobierno, se registraron 238 ataques, así como en 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto como Ejecutivo Federal, estos ascendieron hasta los 330 cerrando su sexenio con 544 agresiones. Por lo que, en la última década, Artículo 19 contabilizó al menos 3 mil 918 agresiones contra periodistas y 92 asesinatos de informadores por posible relación con su labor.

Los datos indican que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre se agredió a un periodista cada 15 horas. Asimismo, durante los primeros seis meses del presente año, se han registrado 406 agresiones contra la prensa, lo que constituye un ataque cada 11 horas, de acuerdo a un informe publicado por la organización Artículo 19, lo que representa un aumento del 45% en comparación con el primer semestre de 2019.

Por otro lado, la Organización de Estados Americanos, ha señalado que los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto:

•                    Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información;

•                    Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares;

•                    Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.

Según Reporteros Sin Fronteras (RFS), la colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado son algunos de los factores preponderantes en lo que refiere a la amenaza de la seguridad de los actores de la información, convirtiendo a nuestro país en el más mortífero de América Latina, por lo que señala que:

 “En este país, como sucede con sus vecinos centroamericanos, persiste la colusión de políticos corruptos y autoridades (sobre todo locales) con el crimen organizado, que va más allá del ámbito político, lo que amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información”.

Aunado a ello, nuestra Entidad Federativa no se encuentra atrás de la problemática, pues el contexto local ha dado pauta, lastimosamente, a crímenes a propósito de la labor periodista, ejemplo de ello es lo acontecido al sur del Estado con el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo en Agosto de 2019, quien escribía y criticaba de manera contundente las extorsiones policiales, las fallas en la prestación de servicios públicos y profundizaba respecto de otras denuncias ciudadanas.

En ese sentido, como legisladores estamos obligados a proporcionar los instrumentos necesarios para hacer frente a una problemática de tal dimensión y así, adoptar medidas de prevención del riesgo en lo que refiere a la seguridad, integridad física y psicológica de las y los periodistas, teniendo como único objetivo la preservación de su vida y el libre ejercicio de su profesión periodística.

Con base en ello, la presente Ley, entre otras cosas, busca implementar mecanismos de protección como una obligación para aquellos informadores en los que sus vidas o integridad física se encuentren en peligro, permitiendo identificar el riesgo y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen de este, así como definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos.

Es por ello que, entre las aportaciones de esta, destaca la creación del Mecanismo de Protección Integral de Periodistas y Colaboradores Periodísticos del Estado de México, mismo que tendrá por cometido proteger, promover y garantizar la seguridad de los periodistas y colaboradores periodísticos y de fomentar las políticas públicas de capacitación y de coordinación en la materia para prevenir sus derechos.