Inversión pública para un nuevo modelo económico
(Primera de dos partes)
Abel Pérez Zamorano
La inversión pública es determinante para expandir y modernizar la infraestructura y
promover crecimiento y desarrollo económico. La infraestructura se clasifica técnicamente
en económica y social. La económica corresponde a sectores como irrigación,
comunicaciones y transportes, energía, e impacta directamente en el desarrollo económico;
la social (construcción de hospitales, vivienda o escuelas) tiene un impacto indirecto al
mejorar la salud y educar la fuerza laboral. En la administración pública, el gasto en
inversión se compone de: gasto en obra pública, en capital diferente de obra pública y en
otros gastos de inversión; incluye investigación y desarrollo tecnológico.
“La inversión pública crea la infraestructura pública esencial para el crecimiento
económico a largo plazo y el bienestar social, apoya la provisión de servicios públicos (por
ej., escuelas) […] La inversión puede tener mayores rendimientos económicos en regiones
con un nivel de desarrollo relativamente más bajo. El gasto de inversión en todos los
niveles del gobierno es crucial para asegurar el crecimiento a largo plazo y reducir la
desigualdad” (OCDE: Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el
Caribe 2020).
El Banco Mundial recomienda destinar a inversión pública mínimamente 4.5% del
Producto Interno Bruto. En México estamos muy por debajo de ese parámetro: “Este año el
gobierno se propone alcanzar un 3.1%, el porcentaje más alto en seis años” (Secretaría de
Hacienda). Un indicador poco significativo, pues el grueso de la inversión va a las obras
favoritas, e inútiles, de López Obrador. Ocupamos entre las naciones de la OCDE el último
lugar en inversión pública (menos de la mitad de la media), y por debajo de nuestra
inversión en 2007 (OCDE 2021).
En el modelo de sustitución de importaciones, desde los años 40 hasta inicios de los
ochenta, México se industrializó, y la inversión pública fue determinante: en 1970
representó el 7% del PIB; en 1975 fue 9.7 y en 1980, en su apogeo, 11.4% (Inegi). En el
sexenio de José López Portillo operaban 1,150 empresas paraestatales, en sectores como:
petróleo, petroquímica, ferrocarriles, telefonía, transporte aéreo, electricidad, minería.
“Hasta 1980, el Estado desempeñó un papel central en el desarrollo de infraestructura en
México, pues se entendía la inversión como un motor para el crecimiento económico. No
obstante […] de 1980 a 2014 la inversión física gubernamental pasó de representar 9.1% a
4.2% del PIB, mientras que, en 1999, 2001 y 2002 descendió hasta 2% del PIB” (CIEP).
Mas no solo se trata de la inversión pública en infraestructura, sino de la participación
directa del Estado en la economía. A partir de los ochenta, los ideólogos neoliberales
impusieron el paradigma (dogma en la enseñanza de la economía, en medios y literatura
económica) de que toda inversión gubernamental significa corrupción e ineficacia, y solo el
sector privado –nos aleccionan– es eficiente; con esa prédica buscaban “justificar” las
privatizaciones que terminaron por arrebatar al gobierno su fuerza económica en provecho
de los monopolios, sobre todo transnacionales.
Entre 1988 y 1994 se privatizaron destacadamente siderúrgicas y bancos; la telefonía,
cedida a Carlos Slim, es la joya de la corona del Grupo Carso (operación muy cuestionada
entonces por la izquierda hoy morenista, que guarda ahora cauto y sospechoso silencio).
El 78% de los activos del sector bancario pertenecen a cinco firmas extranjeras: BBVA
Bancomer, Banamex, Santander, HSBE y Scotiabank (El Economista, 15 de marzo de
2011). A fines de los noventa se vendieron los ferrocarriles. Las autopistas, construidas y
administradas como negocio, con tarifas leoninas, por empresas privadas, nacionales y
extranjeras, privaron al Estado y la sociedad mexicana de ese estratégico sector. Así pues,
en definitiva, quedó desmantelada la participación estatal en la economía.
Mas no solo es tarea del Estado aportar la infraestructura para impulsar el crecimiento en
beneficio de las empresas privadas. El propio Estado puede, y debe, participar directamente
en la economía, aunque sea una herejía para el canon neoliberal. En Francia, por ejemplo,
el gobierno posee acciones en 81 empresas, por valor de 100 mil millones de euros
(Financial Times, Libre Mercado, 19 de junio de 2018). Más destacado aún es el ejemplo
de China y su sorprendente éxito como la potencia económica mundial más vigorosa, que
se explica en buena medida por el activo papel del gobierno directamente en la economía.
“El sector estatal sigue aportando aproximadamente el 39% del PIB” (Santander Trade
Markets). Enrique Dussel Peters, en su artículo “La ‘omnipresencia’ del sector público de
China y su relación con América Latina y el Caribe” (Nueva Sociedad No. 259, septiembre-
octubre 2015), dice: “Teniendo en cuenta este debate, las empresas estatales de China
siguen siendo considerables y controlan 54% de los activos totales de las empresas en 2008
y 80% de los activos en manos de las empresas que cotizan en el mercado de valores chino.
Los sectores financiero y bancario están extremadamente monopolizados por empresas
estatales, mientras que nueve de los 39 sectores industriales están «dominados» por este
tipo de empresas (es decir, controlan activos sectoriales superiores a 50%). Las empresas
estatales centrales representan en la actualidad 117 firmas […] Sin embargo, si se
consideran las filiales y los holdings, la cantidad total de empresas estatales centrales
gestionadas por la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de las Activos
del Estado es de aproximadamente 10,000, y aumenta a más de 20,000 si se incluyen los
holdings del Estado. Según otros cálculos, las porciones de la economía china
pertenecientes o controladas por el Estado suman alrededor de 40% del PIB; incluyendo
otras instituciones públicas, la participación en el PIB aumenta aproximadamente a 50%.
En 2013, las empresas públicas de China representaban más de 160,000 unidades –un tercio
de ellas son empresas centrales y 104,000 son empresas locales– […] si sumamos las
empresas de propiedad colectiva y otras formas de propiedad pública, la proporción es más
del doble: hasta 5%”.
Tal participación del Estado en el impresionante éxito chino evidencia la falsedad de la
tesis de que toda intervención estatal es negativa, ineficiente, corrupta y rechazable, como
postula el pensamiento neoliberal y su laissez faire, laissez passer. A la luz de los resultados
alcanzados por China en eficiencia y crecimiento económico, y en equidad distributiva,
encontramos que ese modelo de participación estatal ha sido determinante para su
transformación en gran potencia económica a partir de las reformas de 1978. La hegemonía
de los corporativos privados no trae crecimiento y justicia distributiva, como evidencian el
estancamiento y la decadencia de la economía de Estados Unidos y de México. China
aplica otro modelo de participación gubernamental e inversión pública realmente exitoso.
La práctica, criterio último de verdad, dicta su veredicto. Y sin pretender aplicar aquí
copias de éxitos logrados en otras circunstancias –algo inoperable al definir modelos de
desarrollo–, de todas formas el ejemplo de China constituye un referente digno de
considerar en la búsqueda de nuestra propia ruta hacia una forma de organización
económica superior y más justa.
