Extinción de órganos autónomos responde a demandas ciudadanas de un gobierno más eficiente y austero: Liz Sánchez

Reforma Constitucional para simplificar la estructura orgánica del Estado Mexicano, responde a las demandas ciudadanas de un gobierno más eficiente y austero, y no es violatoria de derechos, porque las funciones de los organismos que desaparecen serán reasignadas a dependencias del Ejecutivo Federal, aseguró la senadora Liz Sánchez.

Al fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT, la legisladora señaló que la duplicidad de funciones entre los organismos autónomos y las dependencias del Ejecutivo es lo que da origen a esta reforma.

“Esto no sólo ha generado mayores costos operativos, sino también ineficiencias que afectan la coordinación de políticas públicas”, aseveró.

Liz Sánchez enfatizó que la reforma no pone en riesgo los derechos ciudadanos que actualmente garantizan los organismos autónomos. Por el contrario, se establece un marco normativo que asegura la continuidad de principios como el acceso a la información, la protección de datos personales, la competencia económica y la transparencia.

La senadora por Puebla reconoció que instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros, realizaron aportaciones importantes, no obstante no han logrado justificar plenamente su independencia en términos de resultados tangibles para la población.

“A lo largo de los años, estos organismos han mostrado limitaciones significativas que hoy nos exigen replantear su pertinencia y su impacto real”, mencionó.

En este sentido, la senadora del GPPT explicó que la Secretaría de la Función Pública asumirá las competencias del INAI; la Secretaría de Economía y la de Comunicaciones y Transportes integrarán las atribuciones de la COFECE y el IFT, respectivamente; mientras que la Secretaría de Energía absorberá las funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

“Este reordenamiento no significa el abandono de los principios de transparencia, competencia económica o regulación estratégica, sino su integración en estructuras

más eficientes y menos costosas”, aclaró.

Y agregó que las dependencias del Ejecutivo que asumirán estas funciones estarán sujetas a supervisión legislativa y al escrutinio público, preservando así los estándares democráticos que rigen la Constitución.

Así mismo, Liz Sánchez destacó algunos de los beneficios esperados con esta simplificación como: una reducción significativa del gasto público, al eliminar estructuras administrativas redundantes y costosas.

Y que los recursos ahorrados podrán destinarse a áreas prioritarias como la salud, la educación y la seguridad, fortaleciendo así el cumplimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que la simplificación orgánica no sólo reduce costos, sino que también elimina barreras

administrativas que ralentizan la toma de decisiones y la ejecución de proyectos estratégicos” concluyó.