Algunas razones económicas del GEM detrás del rechazo al diálogo

Francisco V. Figuer

El menosprecio del Gobierno del Estado de México, hacia las organizaciones sociales, su rechazo al diálogo con los organismos representativos de los intereses del pueblo trabajador tiene sus razones económicas. No es verdad que se trate de establecer un trato directo entre el gobierno y los ciudadanos, como lo han expresado en su narrativa las diferentes administraciones estatales y federales desde que inició el primer gobierno de la izquierda reformista, el de Andrés Manuel López Obrador.

Además de la renuencia al diálogo con el Movimiento Antorchista, con lo que claramente se viola uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos -el de organizarse y ser escuchado-, el rechazo del gobierno que encabeza Delfina Gómez Álvarez a la atención y diálogo se extiende también a un conjunto de organizaciones sociales que representan los intereses, principalmente económicos, de ciertos sectores de la población mexiquense que han recibido el mismo trato.

 Menosprecio y discriminación es lo que ha caracterizado a las administraciones públicas bajo el proyecto de un partido que convenció a la mayoría de la población con su apariencia de izquierda y su discurso demagógico.

Esta característica de los gobiernos morenistas, el intento de desarticular a las organizaciones sociales y dejar al ciudadano indefenso, obedece a una estrategia y tácticas planeadas desde la cúpula del poder, aquella que conforman los dueños de los monopolios, verdaderos dueños del poder en México e incluso, desde los organismos internacionales que manipulan a los gobiernos locales mediante los préstamos económicos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), instrumento predilecto del imperialismo.

Para no ser acusados de gobiernos dictatoriales y mantener su apariencia democrática, el gobierno federal, los estatales y municipales en nuestro país, sostienen, que, para evitar la corrupción y el abuso de líderes y organizaciones sociales, únicamente hacen entrega de apoyos directos a la población sin la intermediación de nadie más.

Además de insistir en ese trato directo con los individuos, la otra parte del plan consiste en la utilización de los apoyos económicos o programas sociales, destinados a reforzar la lucha contra los intentos de los ciudadanos para organizarse y, de esta manera, se cierra la pinza que mantendrá a los individuos sujetos, como capital político privado, lo que necesariamente deberá traducirse en la permanencia en el poder, del mismo grupo político y los mismos individuos.

El movimiento revolucionario a lo largo de la historia ha dejado una enseñanza fundamental: la fuerza de los trabajadores radica en su número, en su cantidad. No hay más. Al no poseer dinero, ni los medios de producción, ni los grandes medios informativos, o las instituciones oficiales, o sea, al estar desposeídos de todo, la única manera de hacer frente a los abusos de los poderosos es con la cantidad, no con la simple unión, sino con la organización. Sólo así saldrán victoriosos frente a sus enemigos de clase.

Sin embargo, eso lo saben también los gobiernos y, por tanto, intentan impedir, por todos los medios posibles, la organización del pueblo trabajador.

Con la táctica utilizada, a simple vista no nota que se atenta contra el derecho de organización ni contra la existencia de las organizaciones sociales, pero, en la declaración abierta de no querer tratar con ellas, sino con el ciudadano común, está presente la disuasión reforzada o fortalecida con la condicionante del recurso económico; al que se organice y luche, se le retirará el programa de apoyo económico, por tanto, hay coerción gubernamental para que el individuo no se organice.

Esta coerción ejercida en este caso, no se ve, queda oculta por el delgado velo de una pretendida preocupación por el bienestar de los pobres.

Así no puede haber bienestar, es un engaño. Dentro del capitalismo, cualquier apoyo económico será consumido inmediatamente por el sistema de relaciones económicas en el que los únicos beneficiados son los grandes empresarios.

El dinero que se reparte a ciertos sectores de la población proviene de los impuestos, principalmente. Estos sectores poblacionales, dada la necesidad económica, gastan su dinero inmediatamente, en la compra de mercancías, ya sean alimentos u otros artículos de primera necesidad. Las personas tienen la percepción de adquirir más que antes, con los otros gobiernos, sin embargo, no se han dado cuenta de que ese mayor volumen de compras que implica una cantidad de dinero más grande que en otros tiempos, va a parar a manos de los grandes empresarios, a los dueños de los monopolios y en nada mejora las condiciones sociales del pueblo que compra.

En resumidas cuentas, el dinero de los impuestos va a parar a manos de los ricos y los pobres sólo sirven como intermediarios en esta transacción, o sea, el gobierno está haciendo entrega de más dinero a los empresarios a quienes si benefician esas cantidades recibidas pues la utilizan para invertir más dinero y obtener un volumen mayor de mercancías que al ser vendidas, les generan mayores ganancias.

El beneficio que obtienen los ricos es múltiple; evitan el peligro que puede tener el pueblo cuando se organiza y reciben, mediante las compras que hacen los pobres con lo que el gobierno les entrega de los impuestos una inyección mayor de dinero para convertirlo en capital. Sólo es eso. No hay ningún beneficio para los pobres; seguirán en la misma condición económica. Lo único que ganarán será sobrevivir algunos días más.

De esta manera el gobierno, lacayo de los grandes empresarios -lo sepan o no- ahorra dinero para entregarlo a los ricos.

En esta realidad socio política que han creado los ideólogos de la burguesía nacional y que su brazo político, el gobierno de la 4T, ha impuesto, no hay inversión en infraestructura urbana, ni en seguridad, salud, educación, ni se apoya a los pequeños productores independientes, ni al humilde campesino parcelario. El gobierno puede hacerse el desentendido ya que la población no protesta, no exige sus derechos, no se organiza por indiferencia o por el temor a perder su apoyo económico, por lo que será mayor el ahorro, el monto acumulado en las arcas de la nación, que podrán ser entregados a los empresarios, legales o ilegales para su reactivación económica y obtención de ganancias. Por eso se niegan a resolver las necesidades de la población.

El Movimiento antorchista, exige que la riqueza que el pueblo genera con su trabajo y de los impuestos que paga, les sean devueltos en un conjunto de condiciones materiales y espirituales; es decir, educación de calidad, salud, empleo, agua potable, seguridad pública, mejores salarios, vivienda, infraestructura urbana, clínica y educativa, que dignifiquen su vida. Esto habremos de lograrlo mediante la organización y la lucha decidida; no podemos doblegarnos ante la cruzada por la individualización de la sociedad.

Simultáneamente, continuaremos demostrando que, bajo el capitalismo, los pobres no tenemos esperanza; toda nuestra vida y la de las generaciones que vendrán, estarán condenadas a los mismos padecimientos, a la miseria y explotación. Por tanto, hay que organizarnos no sólo para defender nuestros derechos, sino también, para construir las bases de un país libre del capitalismo.