Avanza en comisiones armonización constitucional sobre elección judicial

Avanza en comisiones armonización constitucional sobre elección judicial

• A propuesta del diputado Francisco Vázquez, coordinador de la bancada de morena en la LXII Legislatura mexiquense, en comisiones del Congreso mexiquense se aprobó la iniciativa para que la renovación del Poder Judicial estatal concluya con la elección judicial de 2028 (originalmente prevista para 2027).

• Con la iniciativa, que también armonizaría la Constitución estatal con la reforma judicial federal, se propone la incorporación de una comisión coordinadora integrada por las personas representantes de los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

• También busca actualizar el esquema de organización territorial de los comicios mediante regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales, redefinir los procedimientos para la sustitución de vacantes y una nueva integración de las boletas electorales judiciales.

• Los legisladores Octavio Martínez y Vladimir Hernández, ambos de morena, afirmaron que permite darle continuidad a la elección y transformación del Poder Judicial. La congresista Ruth Salinas (MC) lamentó que se esté analizando «la corrección de la corrección» y señaló que será difícil recobrar la confianza en el Poder Judicial.

En comisiones unidas del Congreso del Estado de México fue aprobada la iniciativa presentada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, para armonizar la Constitución estatal con la reforma judicial federal y concluir la renovación del Poder Judicial de la entidad mediante la elección que se celebrará el primer domingo de junio de 2028, en lugar de 2027, como estaba previsto originalmente.

Durante reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, presidida por el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), se avaló el dictamen que establece la incorporación de una comisión coordinadora integrada por las personas representantes de los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

El proyecto legislativo, cuya deliberación está contemplada en la agenda del Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones de este 13 de julio, detalla que esta comisión será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los comités.

La reforma conlleva habilitar un esquema de organización territorial de los comicios mediante regiones judiciales electorales y distritos judiciales electorales, redefinir los procedimientos para la sustitución de vacantes y una nueva integración de las boletas electorales judiciales.

El documento, leído por el congresista Vladimir Hernández Villegas (morena), explica que las boletas contarían con elementos que permitan identificar con claridad la especialidad jurisdiccional, el poder postulante (Legislativo, Ejecutivo o Judicial) y la condición de persona juzgadora en funciones. Las candidaturas se ubicarían en recuadros para que la ciudadanía señale su preferencia, debiendo elegir una sola candidatura por especialidad.

Las reformas planteadas fortalecen las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial para aplicar programas de capacitación y actualización permanente, para lo cual podría coordinarse con las instituciones de formación judicial.
Al respecto, el legislador Octavio Martínez Vargas (morena) indicó que el Congreso mexiquense está sentando las bases constitucionales para continuar con la elección de personas juzgadoras y para que la jornada sea amigable, con certeza jurídica, claridad y para que la ciudadanía tenga la seguridad de que están capacitadas y preparadas quienes resulten electas.

Tras precisar que (de aprobarse y una vez que entre en vigor) se tendrá un periodo de 30 días para armonizar la legislación secundaria en temas puntuales como los tiempos para hacer campaña, resaltó aspectos del dictamen como la ampliación del tiempo para una mejor planeación y organización del proceso electoral, la evaluación de aspirantes y mejor coordinación entre los comités.
El congresista Vladimir Hernández señaló que el objetivo de la propuesta es transformar al Poder Judicial y destacó que busca sentar las bases para contar con personas juzgadoras con un perfil democrático, comprometidas con la impartición de una justicia pronta, expedita y clara.

Asimismo, se pronunció por transmitir ese mensaje a la población en reuniones vecinales con amas de casa, personas tenderas, comerciantes y población en general, porque debe salir de los muros del Congreso mexiquense y permearse en voz, pero también en acciones concretas.

Por otro lado, la diputada Ruth Salinas Reyes (MC), quien presentó una reserva sobre las competencias y atribuciones de la Sala de Asuntos Indígenas —cuya admisión a discusión fue rechazada—, lamentó que el Congreso esté analizando «la corrección de la corrección» y sostuvo que, aun con estas modificaciones, será difícil que la ciudadanía recupere la confianza en el Poder Judicial.

Agregó que siguen sin ser atendidos temas como la inequidad en la elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y la falta de precisión sobre vacancias. Además, expresó que le llama la atención que el dictamen proponga darle al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) la facultad de dividir el territorio en regiones y distritos judiciales y poder rehacer esa geografía en cada elección, avisándole al Instituto Nacional Electoral (INE), porque se trata, precisó, de una atribución exclusiva del órgano federal, de acuerdo con la Constitución nacional.

En estos mismos términos mencionó el planteamiento de que, una vez que la legislatura instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección que corresponda y las personas aspirantes electas tomen protesta de su encargo ante dicho órgano legislativo, las autoridades electorales no podrían modificar los resultados de la elección ni la asignación de cargos.

Sobre la reserva, el diputado Carlos Zurita explicó que ya se contempla en la legislación, mientras que el legislador Octavio Martínez afirmó que la Sala de Asuntos Indígenas está considerada en el dictamen; sin embargo, la parlamentaria Ruth Salinas reiteró que es necesario que en la Constitución se describan sus atribuciones. Octavio Martínez añadió que el nuevo Poder Judicial de la entidad ha acreditado cercanía con la ciudadanía, lo cual, afirmó, dista de administraciones pasadas.

El dictamen también actualiza los plazos para emitir las convocatorias de los procesos de elección judicial (presidencia, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y juezas y jueces del Poder Judicial), las cuales deberán publicarse a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección.

Respecto de los comités de evaluación —uno por cada poder del Estado e integrados por cinco personas reconocidas en la actividad jurídica—, el documento establece que seleccionarán, conforme a los criterios de la comisión coordinadora y al principio de paridad de género, a las personas mejor evaluadas, con los conocimientos técnicos necesarios y una trayectoria de honestidad, buena fama, competencia y antecedentes académicos y profesionales en el ejercicio del derecho.
De aprobarse por el Pleno legislativo, los comités integrarán una lista con las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo y, mediante insaculación pública, la reducirán a dos candidaturas por puesto.

Asimismo, deberán garantizar la paridad de género en las listas por especialidad y distrito judicial, tanto antes como después de la insaculación. Una vez ajustadas, las remitirán a la autoridad correspondiente de cada poder para su aprobación y envío a la Legislatura.

Cada poder postulará dos personas por cargo: el Ejecutivo, por conducto de la gubernatura; la Legislatura, mediante el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes; y el Poder Judicial, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, con la misma mayoría.

La Legislatura enviará las postulaciones al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), que organizará la elección por regiones o distritos judiciales. Para ello, dividirá el territorio estatal en regiones y distritos electorales judiciales, de modo que la ciudadanía elija una candidatura por cada especialidad jurisdiccional entre las postuladas por cada poder y, en su caso, por las personas juzgadoras en funciones.

El IEEM elaborará las listas de candidaturas por especialidad, identificando el poder postulante y el género. Posteriormente, asignará de manera aleatoria las candidaturas a cada región o distrito, garantizando que cada poder postule dos personas del mismo género por especialidad.

Cuando el número de cargos sea menor al de regiones o distritos judiciales, el IEEM distribuirá aleatoriamente las candidaturas restantes para garantizar que el electorado vote por todas las especialidades correspondientes. Además, realizará las adecuaciones necesarias a la geografía electoral y las notificará al INE.

La elección de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial se realizará a nivel estatal.

El dictamen también precisa que el Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno, Sala Constitucional, Sala de Asuntos Indígenas, Salas Colegiadas, Salas Unitarias y Tribunales de Alzada.

Asimismo, el Poder Judicial contará con juezas y jueces de control, tribunales de enjuiciamiento y personas juzgadoras de ejecución, con las atribuciones previstas en las constituciones federal y estatal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables.

En cuanto a la elección de personas servidoras públicas del Poder Judicial, el Órgano de Administración Judicial informará a la Legislatura sobre los cargos sujetos a elección, especialidades, jurisdicciones, vacantes, retiros programados y demás datos necesarios para el proceso.

En caso de fallecimiento, renuncia, destitución o ausencia definitiva de una jueza o juez, el Órgano de Administración Judicial declarará la vacante para que sea cubierta en la siguiente elección judicial.

Las licencias de las magistraturas que excedan de 15 días podrán ser autorizadas sin goce de sueldo por la Legislatura o, en receso, por la Diputación Permanente; las de juezas y jueces corresponderán al Órgano de Administración Judicial. En ningún caso podrán exceder un año.

Las personas juzgadoras que aspiren a un cargo distinto deberán renunciar de forma expresa e irrevocable antes de registrarse como candidatas e informar de ello al Órgano de Administración Judicial, que notificará la vacante a la autoridad competente.

Los artículos transitorios establecen que las personas juzgadoras cuyo encargo concluía en 2027 permanecerán en funciones hasta 2028, cuando rindan protesta quienes resulten electos, disposición que no aplicará a las presidencias del Tribunal Superior de Justicia ni del Tribunal de Disciplina Judicial.

Las personas electas rendirán protesta ante la Legislatura el 5 de septiembre de 2028 y serán adscritas a sus órganos jurisdiccionales a más tardar el 15 de septiembre.

Mientras se armoniza el marco jurídico, se aplicarán de manera directa las disposiciones constitucionales y, de forma supletoria, la legislación electoral
El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial deberá expedir su reglamento interior dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Los acuerdos y resoluciones vigentes conservarán su validez y seguirán ejecutándose para garantizar la continuidad institucional y la protección de los derechos de terceros.

Finalmente, el proyecto de presupuesto del Órgano de Administración Judicial deberá prever recursos suficientes para el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, por única ocasión, las magistraturas y personas juzgadoras que resulten electas en 2028 ejercerán un periodo de ocho años, que concluirá en 2036.