Respaldan quitar límite del 3 % para contratar personal de seguridad y salud

* Congresistas de morena, PRI y PT respaldaron la iniciativa del legislador Edgar Samuel Ríos Moreno para excluir del límite de crecimiento anual del 3 por ciento los gastos destinados a la contratación de personal estrictamente indispensable para seguridad pública y salud.
* El diputado Javier Cruz y la diputada Sandra Santos, ambos de morena, el legislador Alejandro Castro (PRI) y la legisladora Sara Ramírez (PT) coincidieron en la necesidad de evitar que la disciplina financiera limite a los gobiernos estatal y municipales la contratación de personal para atender esas áreas.
* La reforma busca incorporar de forma permanente excepciones al tope del gasto impuesto a nivel federal para fortalecer la contratación y operación en rubros esenciales.

Al respaldar la iniciativa del legislador Edgar Samuel Ríos Moreno (morena), que propone excluir del límite de crecimiento anual del tres por ciento los gastos destinados a servicios personales de seguridad y salud, diputadas y diputados de morena, PRI y PT coincidieron en la necesidad de evitar que las reglas de disciplina financiera impidan a los gobiernos estatal y municipales contar con el personal necesario para atender estas áreas.
En reunión de las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas del Congreso mexiquense, el diputado Javier Cruz Jaramillo y la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, ambos de morena; el legislador Alejandro Castro Hernández (PRI) y la legisladora Sara Alicia Ramírez de la O (PT) respaldaron la propuesta.
Señalaron que el límite vigente puede dificultar la contratación de personal para atender las necesidades de seguridad y salud, pues actualmente existe una disposición federal que establece que el gasto en salarios y nuevas plazas del servicio público no puede crecer más de tres por ciento anual.
En ese sentido, el proponente Samuel Ríos explicó que este límite puede restringir la contratación de personal, pues, en el caso del Estado de México, las necesidades de atención médica y de seguridad no necesariamente aumentan al mismo ritmo que el crecimiento permitido del gasto.
Por ello, indicó que su iniciativa busca incorporar de manera permanente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios una excepción que anteriormente estuvo vigente de forma transitoria entre 2018 y 2020. La exclusión del tope del 3 por ciento se limitaría a gastos de servicios personales estrictamente indispensables para seguridad pública y salud, incluidos policías estatales y municipales, personal médico, de enfermería, paramédico y afín.
Aclaró que el límite seguiría aplicándose al personal administrativo y que se mantendría la obligación de identificar y reportar diferenciadamente estos gastos en el presupuesto de egresos y en la cuenta pública.
Al sumarse a la iniciativa, el diputado Javier Cruz señaló que la limitación del gasto ha sido una problemática que ha experimentado como exalcalde, principalmente en los rubros de seguridad y salud.
La diputada Sandra Santos sostuvo que no se plantea solo un asunto presupuestario, sino que aborda la capacidad del Estado para responder a las necesidades públicas, por lo que consideró necesario encontrar un equilibrio entre la disciplina financiera y la capacidad institucional.
El diputado Alejandro Castro señaló que la propuesta permitiría fortalecer la contratación de personal de seguridad y salud para garantizar derechos constitucionales. Por ello, propuso precisar los conceptos de “personal afín” y “gastos estrictamente indispensables”, vincular la excepción con justificaciones e indicadores verificables y reforzar los informes, a fin de que el Congreso, los órganos fiscalizadores y la ciudadanía conozcan las contrataciones, asignaciones, recursos y resultados.
La legisladora Sara Ramírez señaló que la austeridad y la disciplina financiera deben orientarse a evitar gastos suntuarios, pero no limitar áreas fundamentales como la seguridad, la salud y la educación, consideradas prioritarias para los gobiernos. Por el contrario, sostuvo que estos rubros requieren mayores recursos para garantizar su adecuada operación y atención a la ciudadanía.
Cabe mencionar que la iniciativa también plantea mantener como excepción al referido tope el monto erogado por concepto de sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad competente; es decir, aquellas obligaciones de pago derivadas de resoluciones firmes —no susceptibles de impugnación—, tales como indemnizaciones, salarios caídos u otras prestaciones determinadas por los órganos jurisdiccionales.
Fuera de ese límite quedarían los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas.