Propone diputado Octavio Martínez cerrar vacíos legales que debilitan la justicia y el combate a la corrupción en Edoméx

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* Busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar contradicciones, delimitar responsabilidades y fortalecer los mecanismos de vigilancia y disciplina judicial.

* Advierte que la legislación vigente contiene disposiciones que podrían comprometer la validez de resoluciones, sanciones y procedimientos.

* La iniciativa no contempla crear nuevas plazas, órganos administrativos ni incrementar el presupuesto del Poder Judicial.

Toluca, Estado de México. 19 de noviembre.- La transformación del Poder Judicial no puede limitarse a la elección de sus integrantes; también exige instituciones con reglas claras, responsabilidades definidas y mecanismos efectivos para prevenir irregularidades y garantizar que ninguna actuación judicial quede comprometida por contradicciones legales.

Bajo esta premisa, el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de morena en la LXII Legislatura del Estado de México, propuso una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, con el propósito de corregir inconsistencias normativas que afectan su funcionamiento y pueden debilitar la seguridad jurídica de la ciudadanía.

La propuesta parte de un diagnóstico relevante: a poco más de un año de la publicación de la nueva legislación judicial, el análisis de sus disposiciones frente a la Constitución estatal revela contradicciones, duplicidad de atribuciones, vacíos procedimentales y disposiciones que todavía responden al anterior modelo de organización del Poder Judicial.

Estas inconsistencias no representan únicamente problemas de técnica legislativa. Cuando distintas autoridades tienen facultades coincidentes para resolver un procedimiento, autorizar una licencia o determinar una sustitución, sus decisiones pueden quedar expuestas a impugnaciones por falta de competencia, con consecuencias para las personas involucradas en los procesos judiciales.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es fortalecer el régimen de responsabilidades y evitar que las conductas de corrupción reciban un tratamiento jurídico incompatible con su gravedad.

El documento advierte que la legislación vigente incluye la expresión «incurrir en corrupción» dentro de las faltas administrativas no graves, pese a que conductas como el cohecho, peculado y desvío de recursos están tipificadas como graves en las leyes de responsabilidades administrativas.

Por ello, la propuesta corrige dicha clasificación para armonizarla con el marco jurídico aplicable y evitar contradicciones que debiliten los procedimientos disciplinarios.

El planteamiento adquiere especial relevancia frente a los indicadores de percepción ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026, citada en la exposición de motivos, 65.8% de las personas adultas que identifican a juezas y jueces los considera corruptos, aunque la proporción disminuyó respecto del 69.0% registrado en 2025.

Asimismo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 reportó que la confianza en jueces y magistrados descendió de 39.4% a 34.8% entre 2023 y 2025.

Ante este escenario, la iniciativa plantea delimitar con precisión las competencias del Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, respetando la distribución de funciones establecida en la Constitución local.

En materia de responsabilidades administrativas, propone que la Contraloría Interna investigue, substancie y resuelva las faltas no graves del personal administrativo, mientras que los procedimientos por faltas graves sean resueltos por las comisiones competentes del Tribunal de Disciplina Judicial, conforme al esquema establecido en la iniciativa.

También busca fortalecer la independencia del Tribunal de Disciplina Judicial, precisar la separación entre las autoridades investigadoras y resolutoras y establecer reglas claras para los medios de impugnación, como garantías fundamentales del debido proceso.

Otro eje fundamental es la evaluación de las personas juzgadoras electas por voto popular. La iniciativa incorpora criterios e indicadores mínimos para evaluar su desempeño durante el primer año de ejercicio, en concordancia con el mandato constitucional, y contempla mecanismos posteriores de seguimiento de carácter informativo.

Además, armoniza las disposiciones sobre licencias, renuncias, vacantes y sustituciones de magistraturas, juezas y jueces, con el objetivo de garantizar la continuidad de la función jurisdiccional y evitar incertidumbre sobre la legitimidad de quienes ejercen temporalmente esos cargos.

En el ámbito administrativo, propone concentrar en el Órgano de Administración Judicial las competencias que constitucionalmente le corresponden, incluidas las relacionadas con la Dirección General de Apoyo a la Función Jurisdiccional, así como establecer un sistema único de información estadística para eliminar reportes duplicados y contar con datos oficiales consistentes sobre el desempeño institucional.

La reforma también contempla ajustes en materia presupuestal, carrera judicial, jurisprudencia, control interno y funcionamiento de los órganos de gobierno judicial.

Un elemento relevante es que la propuesta no modifica el modelo constitucional del Poder Judicial ni implica erogaciones adicionales. Su implementación se realizaría con los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes, privilegiando una mejor distribución de responsabilidades y la eliminación de duplicidades.

Con esta iniciativa, Octavio Martínez Vargas coloca en la discusión legislativa una cuestión de fondo: la confianza ciudadana en la justicia no depende exclusivamente de quién ocupa un cargo, sino también de que las instituciones actúen dentro de sus competencias, respondan por sus decisiones y cuenten con procedimientos transparentes y legalmente sólidos.

El objetivo es avanzar hacia un Poder Judicial en el que las responsabilidades estén claramente establecidas, las irregularidades puedan investigarse y sancionarse conforme a derecho y la ciudadanía tenga mayor certeza sobre las decisiones que afectan sus derechos.

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