salud y seguridad de las y los mexiquenses
°Esta propuesta no implica la creación de nuevos programas obligatorios ni ampliaciones presupuestales automáticas.
Toluca, Estado de México, 6 de mayo del 2026.- Con el propósito de reconocer la labor estratégica de quienes sostienen servicios esenciales para la población, la diputada Jennifer Nathalie González López, integrante del Grupo Parlamentario de morena y presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda del Estado de México.
La propuesta tiene como objetivo establecer criterios de atención prioritaria en la política de vivienda a favor de personas servidoras públicas que desempeñan funciones esenciales del Estado, particularmente en los sectores de salud y seguridad pública, sin generar privilegios, derechos discrecionales ni obligaciones presupuestarias inmediatas.
La iniciativa parte de una realidad concreta: el acceso a una vivienda digna no solo impacta en la vida familiar de las personas, sino también en su estabilidad laboral, permanencia en el servicio público y desempeño profesional.
En el caso del personal médico, de enfermería, operativo, policial y de seguridad, esta condición adquiere mayor relevancia por la disponibilidad permanente, la exposición a riesgos físicos y emocionales, las jornadas extensas y la responsabilidad directa que tienen en la protección de la vida, la salud, la integridad y la paz social.
En la exposición de motivos se destaca que el derecho humano a la vivienda adecuada es indispensable para el ejercicio de otros derechos como la salud, la seguridad, la educación y el bienestar social. Sin embargo, el marco normativo vigente carece de criterios de priorización funcional que permitan orientar la política habitacional no solo por condiciones socioeconómicas, sino también por la naturaleza estratégica de determinadas funciones públicas.
Por ello, la reforma propone reconocer como población prioritaria a aquellas personas o grupos que, por sus condiciones sociales, económicas o territoriales, o por la naturaleza de las funciones que desempeñan en el servicio público, puedan recibir atención preferente en programas, apoyos o acciones en materia de vivienda.
De manera específica, se plantea adicionar una fracción XXIV al artículo 10 de la Ley de Vivienda estatal para incorporar dicho concepto; reformar la fracción III del artículo 16 para incluir criterios de atención prioritaria en la Política Estatal de Vivienda; adicionar una fracción IX al artículo 18 para que el Programa Estatal de Vivienda contemple metas, indicadores y mecanismos de evaluación; y adicionar una fracción VI al artículo 19 para que los programas de vivienda social incorporen criterios objetivos, transparentes y verificables de elegibilidad y priorización.
La propuesta establece que su aplicación deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestaria, reglas de operación, lineamientos y disposiciones administrativas correspondientes, por lo que no implica la creación de nuevos programas obligatorios ni ampliaciones presupuestales automáticas. También señala que las autoridades competentes deberán realizar las adecuaciones necesarias en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.
La iniciativa subraya que esta medida no busca desplazar a otros sectores de la población, sino fortalecer la política pública de vivienda con un enfoque de igualdad sustantiva, razonabilidad y proporcionalidad. En ese sentido, plantea que quienes cuidan, protegen y sostienen al Estado también requieren condiciones dignas para vivir y desempeñar adecuadamente su labor.
Con esta propuesta, el Grupo Parlamentario de morena refrenda su compromiso con una agenda legislativa sensible, responsable y cercana a la ciudadanía, orientada a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras del servicio público y a fortalecer las instituciones que todos los días garantizan derechos fundamentales para las y los mexiquenses.
